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  Las APP se merecen una moratoria
 
La discusión abierta sobre las APP a partir de la carretera IIRSA Sur, el tren eléctrico y Chinchero tiene que llevar a una evaluación integral de lo sucedido con el objetivo principal de eliminar la corrupción.

Para hacerlo, es preciso analizar su marco legal y organizativo. No es lo que quiere la tecnocracia de derecha, que pretende hacernos creer que es un problema externo originado por el “imperio brasileño” o que solo atañe a “20 o 30 funcionarios” y que, en todo caso, siempre es mejor que los privados administren las concesiones públicas, pues peor lo hubiera hecho el Estado.

Veamos. Hay que derogar la Cuarta Modificación del DL 1252 que dice que “la implementación de adendas durante la ejecución se encuentra en el ámbito de la discrecionalidad de los funcionarios respectivos”. No. Esa decisión debe tener un carácter público, como las decisiones que toman los organismos reguladores (Osiptel, Ositran, Osinergmin). Ni una adenda más negociada entre cuatro paredes con los concesionarios de las APP.

Otra. En Chinchero, el Comité Directivo de Ositran aprobó (por dos votos contra uno, el de su Presidenta, Patricia Benavente) la adenda para que el Estado ponga los US$ 264 millones. La cuestión es que aún si se desaprobaba la adenda, “no pasaba nada”. ¿Por qué? Porque el Art. 22.3 del DL 1224 dice que las opiniones acerca de las adendas que emitan los organismos reguladores no tienen carácter vinculante. Sí deben tener carácter vinculante. Si no, ¿para qué están?
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