Modelo económico, maldición y corrupción
 
 
¿Es que la corrupción de varios países de América Latina es atribuible al signo político de sus gobiernos? No parece ser el caso. Hay gobiernos “progresistas” acusados de corrupción, como Venezuela, Ecuador y Brasil. Y también hay gobiernos de “derecha” como Colombia, México, Panamá y Perú. Pero también hay los no ligados a la corrupción de Odebrecht, como Bolivia y Chile.

¿Es que la corrupción ha sido alentada por el alto crecimiento económico del superciclo de precios de las materias primas? Recordemos que la “maldición de los recursos naturales” dice que quienes los poseen están propensos a contraer la “enfermedad holandesa” pues el exceso de dólares baja el tipo de cambio y favorece las importaciones de bienes de consumo baratos, en desmedro de la industria.

La “maldición” también dice que la corrupción campea en esos países debido al “facilismo” económico que lleva a la pereza fiscal: los dólares entran y la recaudación tributaria sube sin que se tenga que hacer mucho (piloto automático). Por eso, sus partidarios dicen que sería incluso preferible no tenerlos y, si se tienen, mejor no explotarlos.

Pero ese enfoque ha sido derrotado. El problema no es la “cantidad” de recursos naturales sino la calidad de las instituciones y la orientación de su política económica. Es el caso de Finlandia, Australia, Noruega y Chile. No hay relación causa-efecto entre abundancia de recursos naturales y corrupción.

Algunos dicen que la corrupción es producto del “expansionismo brasileño” que ha inoculado el virus a través de sus constructoras. Aquí sorprende el oportunismo: cuando esos mismos analistas hablaban sobre la deuda externa de los años 80, decían que el problema no venía “de afuera”, tampoco por la caída de los precios de las materias primas ni por el alza de las tasas de interés ni del proteccionismo de los países industrializados.

Agregaban que las causas de la deuda externa se debían exclusivamente a la excesiva intervención del Estado, a la manipulación de la tasa de cambio y de interés, a los aranceles altos y las barreras comerciales, así como a las empresas estatales. ¿La salida? Muy simple. Había que poner en marcha un modelo neoliberal. Nada tenía que ver “lo de afuera”. Los problemas eran internos y, también, “toda la solución”.

En realidad, había una “responsabilidad compartida” (como lo señaló el Embajador Carlos Alzamora). Lo externo y lo interno tienen su dosis de responsabilidad y culpa. No solo eso. Está la calidad de las instituciones, como ya se ha dicho, y las condiciones económicas, políticas y sociales. Si bien el contexto y las soluciones tienen rasgos comunes, cada país tiene sus particularidades.

Si eso es así, entonces, por ejemplo, las soluciones no consisten en la perseverancia de la aplicación de un solo modelo económico, como dicen aquellos que subrayan que fujimoristas y neoliberales coinciden en “el modelo”. No solo porque el “modelo”, en buena medida, nos ha traído hasta aquí, sino porque las características políticas de ambos son (o eran) muy distintas.

El fujimorismo tiene un pasado dictatorial, de alta corrupción y de violación de los derechos humanos al que no podemos volver. El “liberalismo” de PPK es sinónimo de “lobbies” para favorecer a sus “amigos económicos”. No es necesariamente corrupción, pero se le acerca. Sus rasgos distintivos son la concentración del poder de mercado en pocas empresas (la más notable es la concentración de la propiedad en el agro costeño) que desemboca en las abusivas concertaciones de precios, la obtención de información privilegiada para hacer negocios y las “puertas giratorias”.

Ese “liberalismo” fue visto como el “mal menor” frente a la vuelta al autoritarismo fujimorista que avanzaba en el copamiento de las principales instituciones del Estado. El cambio cualitativo se produce con la información de Odebrecht sobre los pagos efectuados a la empresa de PPK. Ahora sí, la corrupción estaría en el centro mismo del poder político, del Presidente que representa a la Nación, lo que debe investigarse con debido proceso.

Un eje central es que la corrupción no quede impune, algo que puede formar parte del condenable pacto bajo la mesa donde se canjeó la vacancia por el indulto. Veremos qué pasa en las próximas semanas. La misma o mayor importancia la tiene la defensa de los derechos humanos, lo que aún no encuentra consenso ni reconciliación en el país.

Y también es central la discusión sobre el rumbo económico. No se puede descartar un “acuerdo para preservar el modelo”, concebido al mismo tiempo que el pacto indulto/no vacancia. Dijimos que no hay “maldición de los recursos naturales” siempre y cuando haya buenas instituciones y un claro objetivo de diversificación productiva para “graduarnos” y no depender del “facilismo” vulnerable de sus ingresos.

Pero en lugar de abrir el debate sobre el fondo de asunto, hay encubrimiento para tapar lo que ya podemos llamar una crisis de régimen. Se quiere que nada cambie para que todo siga igual.

Publicado el 27 de Diciembre de 2017
   
 
   
 
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