Petroperú: hora cero y segunda lectura
 
 
Las recientes declaraciones del Contralor Edgar Alarcón acerca del aumento del monto de inversión en la Refinería de Talara (de US$ 1,335 millones a US$ 4,155 millones del 2011 al 2017) sin que existieran variaciones significativas en el alcance del proyecto, dieron lugar a una rápida respuesta de Petroperú.

Ciertamente, una variación de esa naturaleza de los montos de inversión es preocupante. No solo eso. En el clima de corrupción que estamos viviendo, la extrañeza de la ciudadanía ante esas cifras podría derivar en una actitud de rechazo a su modernización.

Es importante remarcar que, en este caso, no estamos frente a artículos periodísticos que critican tal o cual aspecto del proyecto. Por ejemplo, que no hay petróleo nacional que refinar, por tanto para qué hacer una refinería. O que nos sería más barato importar todos los combustibles que modernizar una refinería para producir los combustibles en el Perú. O que los costos de la refinería han crecido tanto que el proyecto ya no es rentable. Y así.

En este caso las declaraciones del Contralor apuntan a un aumento del monto de inversión sin que se encuentren causas justificadas para ello. Esto tiene un peso de proporciones. Por eso, es clave que Petroperú haya colgado en su Portal Internet (desde hace varias semanas) los documentos del proyecto para conocimiento de todos los interesados.

Es importante señalar que el proyecto tiene dos etapas claramente definidas. Primero, la elaboración de la ingeniería de detalle (FEED, en inglés), que fue ganada por Técnicas Reunidas en concurso internacional, cuyo contrato fue firmado en mayo del 2010. Durante esta etapa, que duró 3 años, puede haber cambios diversos (se añaden o se quitan unidades del proceso; se evalúa, con el método del “libro abierto”, el costo de la maquinaria y de las obras civiles).

Una vez terminado el FEED y definido el monto de inversión, que fue de US$ 2,730 millones, el contrato se convierte en un “llave en mano” (el monto ya no varía) y se pasa a la fase de construcción (EPC, en inglés). El EPC fue firmado en mayo del 2014 entre Petroperú y Técnicas Reunidas.

Es muy importante resaltar que Petroperú encargó que el FEED sea evaluado por terceros. Primero por la consultora Arthur D. Little de EEUU en el 2012 y luego por Technip de Francia en el 2013, las mismas que validaron, tanto los estudios de ingeniería como los montos de la inversión que presentó la empresa Técnicas Reunidas. Ambos informes están colgados en el Portal Internet de Petroperú.

Hay que señalar que otras licitaciones –como la del Tramo 2 del Metro de Lima- se hicieron sin que haya expediente técnico (ingeniería de detalle), la misma que sería realizada por el propio contratista a medida que avanza la obra, lo que abre la puerta a sobrevaluaciones. En Talara, ese no es el caso.

Adicionalmente al EPC, se tienen que hacer unidades auxiliares (“periféricas”) como la planta de nitrógeno, de ácido sulfúrico, cogeneración eléctrica y desalinización de agua de mar. Empresas privadas realizarían estas inversiones (estimado de US$ 815 millones) y venderían la producción a Petroperú.

Aquí se ha producido un cambio importante pues el actual Directorio ha acordado que sean ahora realizadas por Petroperú (hubo hasta 3 licitaciones sin éxito), lo que aumenta el monto de inversión. Señalemos que el margen de ganancia de los proveedores ahora se quedará en Petroperú, quien también podría adjudicar más adelante estas unidades a inversionistas privados en una modalidad por definir.

Hay dos temas más que explican el aumento de los montos de inversión. Uno, los intereses de la fase preoperativa por US$ 708 millones, que el actual Directorio ha decidido incluir para “transparentar” sus decisiones, a pesar que la doctrina contable y financiera no lo hace. Dos, también incluye los costos por la demora del proyecto: de un lado, US$ 300 millones por variación de precios y, de otro, US$ 318 millones por intereses adicionales.

¿Y por qué la demora? El tema ya lo hemos tocado antes. Se trata del delicado tema del “cierre financiero”, es decir, de conseguir los fondos para la inversión en el mercado financiero internacional. Normalmente, un proyecto tiene un plazo para conseguirlo, lo que está consignado en el contrato.

Eso fue lo que sucedió, por ejemplo, con el Gasoducto Sur Peruano; como no consiguió el dinero, se rescindió el contrato en enero pasado. Ese es también el caso de Chinchero, donde dos años después de firmado el contrato, Kuntur Wasi debía presentar una propuesta de “cierre financiero”. Su propuesta fue tan elevada que provocó la grave situación que hasta hoy no se ha resuelto.

En este caso, el EPC se firmó en mayo del 2014 y la propuesta de “cierre financiero” estaba lista desde mediados del 2015. Pero, con diferentes argumentos, el MEF no dio el visto bueno, lo que prosigue hasta hoy. Eso tiene dos efectos. Uno, provoca retrasos. Dos, en el interín, la tasa de interés del FED se ha triplicado, pues ha subido de 0.25 a 1%, lo que encarece cualquier proyecto.

Esta situación anormal no es de responsabilidad de Petroperú. Y, a nuestro juicio, puede ser objeto de una segunda (o tercera) lectura. Existen grandes intereses para impedir la realización del proyecto. Algunos son ideológicos (horror, el éxito de la empresa estatal malogra mi “modelo”) y otros podrían estar haciendo río revuelto para desacreditar a Petroperú y pescarla en el camino.

Para terminar, es importante aclarar todas las cifras y, sobre todo, responder al Contralor. Estamos de acuerdo con la propuesta de Petroperú de que se haga un nuevo estudio por Arthur D. Little para comparar el proyecto actual con los años anteriores y para analizar si el estimado actual del monto de la inversión del proyecto presenta un valor razonable de mercado.



Publicado el 01 de Mayo de 2017
   
 
   
 
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